El Gobierno de la República de Colombia formalizó la instrucción ejecutiva para dar inicio a un despliegue operativo conjunto entre la entidad de control migratorio y la Policía Nacional, con el objetivo de proceder a la repatriación y deportación de personas extranjeras que se encuentran en situación de permanencia irregular dentro del territorio nacional.
La disposición fue dada a conocer directamente por el presidente Abelardo de la Espriella, articulando una estrategia institucional enfocada en el fortalecimiento de las tareas de inspección, control institucional y supervisión en los diferentes pasos fronterizos, áreas urbanas e interconexiones viales del país.
Mediante la actuación técnica de la autoridad migratoria y el soporte logístico de la fuerza pública, las brigadas conjuntas llevarán a cabo procedimientos de fiscalización en zonas prioritarias para identificar y tramitar el retorno asistido o deportación de aquellos ciudadanos extranjeros que no cuenten con las visas, salvoconductos o permisos temporales de permanencia exigidos por el marco normativo administrativo.
Las autoridades han manifestado que el ordenamiento de los flujos migratorios constituye un insumo estratégico para garantizar la sostenibilidad fiscal del gasto social, el control impositivo y la regularización de la mano de obra disponible en los sectores productivos de la economía colombiana.
Los procedimientos administrativos deberán coordinarse con las oficinas consulados y representaciones diplomáticas de los países de origen de los ciudadanos involucrados, a fin de formalizar los trámites de identificación y la recepción correspondiente dentro de los parámetros contemplados por el derecho internacional y los acuerdos bilaterales vigentes.
El marco regulatorio de la política migratoria colombiana otorga facultades discrecionales y reglamentarias a la administración central para aplicar sanciones administrativas y decretar la expulsión o deportación de personas extranjeras que infrinjan las normas de extranjería o hayan ingresado al país evadiendo los puestos de control oficiales.
Con la instrucción de operativizar de forma inmediata estas labores coordinadas entre la fuerza policial y el organismo migratorio, el Poder Ejecutivo nacional busca consolidar un mapa actualizado de la presencia extranjera en el país y mitigar los factores de informalidad operativa que inciden en el tejido socioeconómico nacional.
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