En las últimas semanas, los bonos soberanos han mostrado una solidez envidiable, impulsados por una reconfiguración en las calificaciones de deuda y un riesgo país que, tras meses de volatilidad, comienza a ceder terreno. Sin embargo, este «veranito» financiero contrasta con una realidad económica que presenta desafíos estructurales profundos.
El respaldo internacional a la gestión de Javier Milei se materializó recientemente con movimientos clave de las agencias de calificación. Fitch Ratings decidió elevar la nota de riesgo crediticio a largo plazo —tanto en moneda extranjera como local— de un alarmante «CCC+» a un más prometedor «B-«, otorgando además una perspectiva estable.
Por su parte, la agencia Moody’s ha introducido un componente de análisis político a largo plazo: sugirió que la continuidad del actual modelo económico más allá de las elecciones generales de 2027 podría ser el catalizador definitivo para un avance sostenido en la calificación soberana.
Estos ajustes no son solo simbólicos; representan una menor probabilidad de default percibida por los mercados y facilitan el camino hacia un eventual retorno al financiamiento internacional.
Argentina muestra signos claros de desaceleración. Uno de los puntos más críticos reside en la recaudación fiscal: si bien las arcas públicas siguen sumando pesos, el crecimiento de estos ingresos se mantiene sistemáticamente por debajo de la inflación real, lo que erosiona el poder de fuego del Estado y profundiza la recesión.
El panorama se enturbia aún más por las recientes sospechas de corrupción que han salpicado a la administración central, un factor que suele generar nerviosismo en los inversores que buscan seguridad jurídica.
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