La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó la recepción de los primeros 300 millones de dólares provenientes de la comercialización de crudo gestionada por Estados Unidos. Esta inyección de liquidez representa el primer movimiento de un engranaje financiero diseñado en Washington para intentar contener la espiral devaluativa que asfixia a la economía venezolana.
Tras la intervención militar de Estados Unidos que resultó en el derrocamiento de Nicolás Maduro, el control operativo y comercial de la industria petrolera venezolana ha pasado de facto a una supervisión directa del Tesoro norteamericano.
El acuerdo estipula que los ingresos derivados de la venta de hidrocarburos no fluyan directamente a las arcas del Estado, sino que se depositen en un fondo fiduciario en Catar. De una primera partida aprobada de 500 millones de dólares, el desembolso de estos 300 millones busca actuar como un «cortafuegos» en el mercado cambiario.
La justicia estadounidense mantiene una vigilancia estricta sobre cada barril exportado. Mientras el proceso judicial contra Maduro avanza en las cortes de Estados Unidos, la prioridad económica del interinato parece ser la disciplina monetaria.
Este primer tramo de 300 millones de dólares es una prueba de fuego para la administración de Rodríguez. El éxito de esta maniobra no solo se medirá en el valor del tipo de cambio al cierre de la semana, sino en la capacidad de las nuevas autoridades para convencer a los mercados internacionales de que Venezuela es, nuevamente, un socio predecible.
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