El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana acordó que el Ejecutivo peruano priorice el combate contra la minería ilegal y el crimen organizado, flagelos que han forzado al Gobierno de la presidenta Dina Boluarte a declarar el estado de emergencia en varias regiones del país para contar con el apoyo de las fuerzas armadas.
Este giro en la agenda de seguridad tiene implicaciones claras para la economía regional y la inversión, al afectar territorios donde la actividad extractiva informal convive con estructuras ilícitas y donde la gobernanza local enfrenta desafíos de capacidad institucional.
La decisión de reforzar la respuesta institucional busca contener la informalidad, mejorar la recaudación de ingresos y reducir la presión de costos para empresas formales que operan bajo normas, permisos y controles. Sin embargo, el uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna también plantea cuestionamientos sobre la eficiencia, la legalidad y el costo social de estas medidas en el corto y mediano plazo.
Si la intervención es coordinada con reformas administrativas y un marco de seguridad que fortalezca el Estado de derecho, podría disminuir riesgos operativos para proyectos formales y facilitar procesos de formalización. En contrapartida, operaciones de alto costo logístico o tensiones sociales en las regiones afectadas podrían generar costos fiscales y afectar la percepción de gobernabilidad.
En el frente fiscal, la reducción de actividades informales podría ampliar la base tributaria y mejorar la recaudación, aportando recursos para programas sociales y de seguridad. Sin embargo, la continuidad de estas políticas requerirá claridad normativa, supervisión judicial y seguimiento de resultados para asegurar que el combate contra el crimen organizado y la minería ilegal se traduzca en crecimiento inclusivo y estabilidad macroeconómica.
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