España afirma que el acuerdo previsto con Mercosur podría ratificarse a finales de 2025. Así lo señaló el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, durante una rueda de prensa centrada en las perspectivas de la agenda comercial exterior de la Unión Europea.
Las declaraciones subrayan la importancia de un marco de liberalización que, según las autoridades, podría reforzar la competitividad de las empresas españolas y europeas ante competidores globales.
En concreto, se señala que el acuerdo eliminará los aranceles sobre el 91% de las exportaciones de la Unión Europea hacia el Mercado Común del Sur. Este dato es clave para las empresas españolas, que exportan bienes industriales, automoción y productos agroalimentarios a los países del Mercosur.
Desde el Ejecutivo se subraya que la retirada de barreras comerciales podría traducirse en una mayor frecuencia de operaciones y en una reducción de costos para los exportadores.
La zona euro eliminará progresivamente los aranceles sobre el 92% de las exportaciones del Mercosur en un periodo de hasta 10 años. Este calendario de desgravación gradual responde a la necesidad de que los sectores sensibles de Europa, como la agroindustria y la automoción, puedan adaptarse a un nuevo régimen de competencia, al tiempo que se ofrece a Mercosur la posibilidad de integrarse en un sistema de reglas más estandarizado.
El anuncio llega en un marco de intensificación de la cooperación comercial y diplomática entre España y la Unión Europea. Entre los retos pendientes figuran la armonización de normas fitosanitarias, reglas de origen y compatibilización de estándares ambientales.
La administración española, al igual que otros Estados miembros, debe gestionar un proceso de ratificación que puede verse influido por debates parlamentarios y por la necesidad de garantizar salvaguardas para trabajadores, pymes y sectores expuestos a la competencia internacional.
La expectativa oficial es que la ratificación del acuerdo con Mercosur esté en el boletín de final de 2025, un horizonte que, de confirmarse, podría marcar un punto de inflexión para la economía española y para el comercio intrarregional de la Unión Europea.
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