Un total de 13.000 efectivos de las Fuerzas Armadas han comenzado un despliegue masivo en cuatro de las provincias más violentas del territorio nacional. Esta movilización de fuerza militar ocurre inmediatamente después de que el presidente Daniel Noboa decretara un nuevo estado de excepción que abarca casi la mitad de las jurisdicciones del país, una medida que busca frenar la ola de criminalidad que amenaza con paralizar sectores productivos clave.
Las provincias intervenidas son Guayas, Manabí, El Oro y la provincia tropical de Los Ríos. Estas zonas no solo registran los niveles de violencia y homicidios más alarmantes del país, sino que constituyen el corredor logístico y geográfico esencial que los grupos del crimen organizado emplean para el acopio y envío de cargamentos de droga hacia los mercados de consumo en Europa y Norteamérica.
La violencia y la extorsión generalizada han comenzado a mellar la competitividad de las exportaciones no petroleras de Ecuador, como el banano, el camarón y el cacao, actividades que se concentran precisamente en las provincias bajo intervención.
Los sobrecostos en seguridad privada, el robo de contenedores y la contaminación de la carga lícita con estupefacientes en las terminales portuarias de Guayaquil y Puerto Bolívar (El Oro) han encarecido las operaciones de comercio exterior, restando atractivo al país para la inversión extranjera directa.
El control militar de las rutas terrestres y fluviales busca estrangular las finanzas de las bandas criminales, calificadas por el gobierno como grupos terroristas, al tiempo que intenta devolver la confianza a los pequeños medianos productores agrícolas y comerciales de Los Ríos y Manabí, quienes han visto deprimido el consumo interno debido al toque de queda y el temor generalizado.
El despliegue de 13.000 militares abre un complejo debate sobre el costo de oportunidad fiscal. Sostener operaciones de esta envergadura ejerce una presión considerable sobre las finanzas públicas del Estado ecuatoriano, que ya arrastra un déficit presupuestario estructural.
El financiamiento de la logística militar, el combustible y el rancho de las tropas demandará recursos que la nación necesita canalizar hacia la inversión social y la infraestructura. Los analistas locales advierten que, si la militarización no se traduce en una reducción rápida y sostenible de los índices de criminalidad que permita la reactivación del comercio, el impacto neto sobre el Producto Interno Bruto podría ser adverso en el mediano plazo.
El éxito de esta ofensiva militar no se medirá únicamente por el número de capturas o decomisos de sustancias ilícitas, sino por la capacidad del Estado para restablecer la seguridad en los nodos logísticos y portuarios del Pacífico, salvaguardando las rutas exportadoras que sostienen la dolarización y la frágil estabilidad financiera de la nación.
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